Mariana Olea
A partir de los ’90 surge un nuevo
paradigma en cuanto a la relación existente entre las UUNN, el Estado y la
Sociedad. Se crearon instituciones específicas orientadas a la evaluación y
acreditación de carreras, la jerarquización y evaluación de los investigadores
de las UUNN a través del Programa de Incentivos y la implementación de
programas de financiamiento selectivos y condicionados cuya verdadera misión
era, en realidad, articular el proceso de adaptación del sistema a las
exigencias del Banco Mundial. Esta política se combinó con la desfinanciación
de la educación pública que permitió, entre otras cosas, la expansión acelerada
de la educación privada.
Todos estos cambios se
inscribieron, a su vez, en la llamada “reforma del Estado”, impulsada por los
acreedores internacionales y sus representantes (Banco Mundial, FMI) y aplicada
sin reparos por los sucesivos gobiernos nacionales. La Ley de Educación
Superior 24.521 (promulgada en 1995 y aún vigente) planteó un rediseño del
sistema basado en la competencia entre universidades, unidades académicas y
docentes. Como consecuencia más grave, exigió la adecuación de los estatutos
por parte de las universidades, relativizando principios fundantes como la
autonomía universitaria y la gratuidad de la educación. Como mecanismos de
disciplinamiento necesarios para imponer estas nuevas reglas de juego se
recurrió al financiamiento sujeto a condicionalidades y a la cooptación de las
autoridades universitarias.
Este entramado de normas y la
orientación a la que está subordinada no se han modificado, más allá de los
cambios de gobierno que se han ido sucediendo. También gozan de plena vigencia
los argumentos respecto a la perenne (y aparentemente incuestionable) escasez
de fondos que subyace a los magros sueldos, los docentes contratados, la falta
de promociones, los devaluados y retrasados pagos del Programa de Incentivos y
otras tantas situaciones que condicionan fuertemente nuestro desarrollo como
docentes e investigadores universitarios.
Pero esta política de ajuste y
control sobre las universidades es rechazada por la amplia mayoría de los
docentes. En los últimos años nuestra organización sindical nacional, la ConaduH,
ha encabezado grandes luchas como la que condujo al blanqueo total de nuestro
salario en 2005 o como la que consiguió la promulgación de una ley jubilatoria
especial que contempla el 85% móvil.
Los sucesivos gobiernos desde 2003
no han dado satisfacción a la mayoría de nuestros principales reclamos;
continúa la precarización, los salarios son bajos, existe una escasez agobiante
de recursos para garantizar la expansión de la planta de docentes e
investigadores, falta transparencia y democracia en el funcionamiento de los
departamentos y órganos de gobierno. Con esto se refuerza la necesidad de
fortalecer la organización gremial en cada lugar de trabajo y de luchar contra
toda tendencia a su burocratización, o a
su cooptación por parte del gobierno y de las autoridades universitarias.
