20 dic 2012

Nos escriben


La hora de participar
Por Andrea Bianchimano
Dpto  de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS
Creo que llegó la hora  de participar, de comprometerse en serio  por la realidad que nos rodea, de manifestarnos  abiertamente  por lo que creemos  y de esa manera  defender nuestros derechos  cumpliendo con las obligaciones (como debe ser).

Los  docentes  auxiliares  de la UNS, a veces, no tenemos interlocutores válidos, salvo las cuestiones y problemas  estrictamente académicos, de los cuáles se ocupan los consejos departamentales.

De las condiciones laborales  poco o nada se discute, de lo que pasa en la realidad, puertas  adentro.

Nuestras necesidades  no sólo pasan  por discutir mejoras salariales para los docentes que es un reclamo justo y  genuino, sino también por establecer  parámetros de control institucional  para el buen funcionamiento de las unidades  académicas, provisión adecuada de los implementos de trabajo, en el caso de las carreras  relacionadas con la salud como guantes, barbijos, guardapolvos, lentes protectoras, botiquines sanitarios para los laboratorios, etc.

Otra cuestión es el tema de los cargos docentes dónde no se pregona por la movilidad y la promoción  ascendente, de manera que se corre siempre detrás de las necesidades, de lo que se requiere en el corto plazo a la hora de evaluar la apertura de nuevos cargos en el marco  de las nuevas asignaturas. Todo improvisación…que luego se paga caro y compromete la calidad de la enseñanza.

Estas cosas hay que discutirlas sin miedos y sin prurito, sacar a la luz las verdaderas problemáticas de los docentes  auxiliares  pero para eso hay que agruparnos, esforzarnos  para crecer entre todos y abogar por una universidad más justa y equitativa.

Es necesario fortalecer el sindicato de los docentes universitarios

Mariana Olea


A partir de los ’90 surge un nuevo paradigma en cuanto a la relación existente entre las UUNN, el Estado y la Sociedad. Se crearon instituciones específicas orientadas a la evaluación y acreditación de carreras, la jerarquización y evaluación de los investigadores de las UUNN a través del Programa de Incentivos y la implementación de programas de financiamiento selectivos y condicionados cuya verdadera misión era, en realidad, articular el proceso de adaptación del sistema a las exigencias del Banco Mundial. Esta política se combinó con la desfinanciación de la educación pública que permitió, entre otras cosas, la expansión acelerada de la educación privada.

Todos estos cambios se inscribieron, a su vez, en la llamada “reforma del Estado”, impulsada por los acreedores internacionales y sus representantes (Banco Mundial, FMI) y aplicada sin reparos por los sucesivos gobiernos nacionales. La Ley de Educación Superior 24.521 (promulgada en 1995 y aún vigente) planteó un rediseño del sistema basado en la competencia entre universidades, unidades académicas y docentes. Como consecuencia más grave, exigió la adecuación de los estatutos por parte de las universidades, relativizando principios fundantes como la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación. Como mecanismos de disciplinamiento necesarios para imponer estas nuevas reglas de juego se recurrió al financiamiento sujeto a condicionalidades y a la cooptación de las autoridades universitarias.

Este entramado de normas y la orientación a la que está subordinada no se han modificado, más allá de los cambios de gobierno que se han ido sucediendo. También gozan de plena vigencia los argumentos respecto a la perenne (y aparentemente incuestionable) escasez de fondos que subyace a los magros sueldos, los docentes contratados, la falta de promociones, los devaluados y retrasados pagos del Programa de Incentivos y otras tantas situaciones que condicionan fuertemente nuestro desarrollo como docentes e investigadores universitarios.
Pero esta política de ajuste y control sobre las universidades es rechazada por la amplia mayoría de los docentes. En los últimos años nuestra organización sindical nacional, la ConaduH, ha encabezado grandes luchas como la que condujo al blanqueo total de nuestro salario en 2005 o como la que consiguió la promulgación de una ley jubilatoria especial que contempla el 85% móvil.

Los sucesivos gobiernos desde 2003 no han dado satisfacción a la mayoría de nuestros principales reclamos; continúa la precarización, los salarios son bajos, existe una escasez agobiante de recursos para garantizar la expansión de la planta de docentes e investigadores, falta transparencia y democracia en el funcionamiento de los departamentos y órganos de gobierno. Con esto se refuerza la necesidad de fortalecer la organización gremial en cada lugar de trabajo y de luchar contra toda tendencia a su burocratización,  o a su cooptación por parte del gobierno y de las autoridades universitarias.

Precarización de la investigación: El sistema de incentivos

Valentina Viego

El denominado "sistema de incentivos" paga un adicional a aquellos docentes que participen en proyectos de investigación acreditados en UUNN con el objetivo declarado de estimular la actividad investigativa.

El sistema ha sido introducido en consonancia con la privatista Ley de Educación Superior para quebrar el principio de igual salario por igual trabajo, sometiendo a los docentes a un proceso regimentador de evaluación que persigue la cooptación, el disciplinamiento y la división del colectivo de los docentes.

Para cobrar este "plus" se deben cumplir los siguientes requisitos: 1) haber sido categorizado por una comisión evaluadora. Esta comisión determina la posición que el docente-investigador ocupa en una jerarquía, a partir de sus antecedentes académicos (formación, experiencia docente y de investigación, publicaciones, gestión, etc.); 2) la investigación en curso ocurra en el marco de un proyecto aprobado por evaluadores y que reciba financiamiento de la UUNN donde se lleva a cabo y 3) el docente-investigador cumpla 120 horas anuales al frente de alumnos. En este cálculo no se considera el tiempo dedicado a preparar clases, corregir exámenes o dar consultas. El monto del incentivo varía según la dedicación y la categoría obtenida como investigador. Así, un docente que cumpla con los requisitos anteriores puede sumar entre $10980 y $475 a sus ingresos anuales, liquidados en 3 cuotas, según su dedicación y categoría.

El sistema tiene varios inconvenientes. Primero, los montos rigen desde su puesta en marcha (1993) y no han sufrido ninguna actualización. Por este motivo, su incidencia en los ingresos es cada vez menor. Segundo, las cuotas se liquidan con un atraso notable: a la fecha, la última liquidación corresponde a la cuota 3 de 2010, es decir lleva ya casi 2 años de retraso. Tercero, el adicional integra el cálculo de los ingresos percibidos para liquidar el impuesto a las ganancias de los trabajadores docentes, aunque el importe percibido es no remunerativo ni bonificable. Se trata entonces de un adicional "en negro" para el Estado como patrón pero "en blanco" para el Estado como recaudador.

Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, organismo que gestiona el programa, menos de 20 mil docentes-investigadores cobran el incentivo a pesar de registrar casi 55 mil categorizados (es decir, con antecedentes suficientes). La baja cobertura del programa (menos del 40%) se explica por la escasa significación que tienen hoy los montos sobre el salario de los docentes universitarios (implican atender requisitos burocráticos en una proporción excesiva en relación al monto a cobrar) y por la condicionalidad del cobro al cumplimiento de los 3 requisitos mencionados antes.

Dichos requisitos implican varias instancias sujetas a arbitrariedad y discusión, pero el más objetable es la obligación de cumplir un mínimo de horas frente a alumnos (docencia) cuando supuestamente el programa pretende fomentar la investigación. Considerando que el ciclo lectivo tiene una duración promedio de 16 semanas por cuatrimestre, la cantidad de horas mínimas requeridas equivalen a 4 horas semanales en promedio frente al curso. En la mayor parte de las asignaturas, que suelen tener una carga horaria semanal de 6 horas, este requisito puede ser cumplido solamente por el responsable (profesor). La mayoría de los auxiliares no alcanza a cumplir este requisito con su designación formal, aún a pesar de cumplir los otros 2 criterios (categorización y participación en proyectos acreditados). Otro elemento de exclusión del cobro aparece en docentes que, aún cumpliendo las 4 horas reloj semanales, dictan clase durante 1 cuatrimestre (por su dedicación), cubriendo en el mejor de los casos la mitad de la carga requerida por el sistema de incentivos.

Con el fin de que el piso de 120 horas reloj sea cubierto por los docentes-investigadores que cumplen el resto de las condiciones, en la práctica varios docentes son asignados a materias extra como "colaboradores". En algunos casos esto implica duplicar o triplicar la carga docente correspondiente al cargo. En otros casos, los investigadores con categorías bajas en el sistema se "autoexcluyen" de colaborar ya que el monto del incentivo es tan bajo que no justifica ningún esfuerzo adicional. El control del cumplimiento efectivo de la "colaboración" queda a cargo de las autoridades de la unidad académica, que deben certificarlo por escrito y, por ende, abre la puerta a la discrecionalidad e intercambio de favores.

Como el requisito de 120 horas anuales frente a alumnos es fijo para todos, esta disposición genera una brecha de carga docente real entre docentes que, por su dedicación y categoría cumplen con los requisitos del sistema simplemente desarrollando su actividad en los términos establecidos por su designación y aquellos que, por falta de promociones o aumentos de dedicación inferior, no llegan con su actividad docente regular al piso de actividad docente.
Así, con la denominación de "incentivo" se genera un sistema perverso que aumenta solapadamente la carga docente, remunerada en forma precaria y desigual y no consigue estimular la investigación genuina (sólo 1 tercio de la planta docente de las UUNN realiza investigación formal). Esto último obedece a que los fondos destinados a CyT no se determinan en función de la relevancia y aporte potencial de los proyectos, sino que son los proyectos los que compiten por un monto determinado por otros intereses. Así, si se aprueba un porcentaje elevado de proyectos, cada uno recibe un monto irrisorio que difícilmente pueda cumplir con las metas internas propuestas. Si se financian montos razonables por proyecto hasta agotar el presupuesto, el número de proyectos con apoyo financiero público es tan bajo que su impacto es imperceptible.

Reclamamos. (1) la eliminación del mínimo de horas frente a alumnos como requisito para cobrar compensaciones adicionales por actividades de investigación. (2) la incorporación del monto de incentivos al salario básico de los docentes-investigadores, es decir la incorporación de bonificaciones, aportes y contribuciones. (3) La triplicación del presupuesto para CyT.

Precarización de la carrera docente: régimen de promociones


Cecilia Bermúdez

La carrera docente a nivel universitario carece de un marco regulatorio a nivel nacional, y por lo tanto queda a criterio de cada institución la reglamentación del régimen de ingreso, permanencia y promoción de sus docentes.

Si bien el ingreso y la permanencia en los cargos suelen estar reglamentados, esto no ocurre con el denominado ‘régimen de promoción docente’, es decir, el ascenso a un cargo de superior jerarquía. Como consecuencia, el régimen de promoción se encuentra doblemente tergiversado en su naturaleza: por un lado, los ascensos han quedado subordinados a las disponibilidades presupuestarias; y por otro, cuando existen partidas presupuestarias, el proceso de selección de los candidatos queda a criterio de las autoridades de la unidad académica, lo cual entraña un serio conflicto de interés, ya que las autoridades son elegidas mediante el voto de los mismos docentes que solicitan su promoción. Esta situación es agravada porque una parte considerable de los docentes no poseen derechos políticos a causa de la precariedad de su condición laboral (contratados, interinos, etc.), hecho que refuerza aún más la discrecionalidad de las autoridades.

Ante la falta estructural de presupuesto, las UUNN han puesto en práctica un ingenioso sistema de financiamiento de las promociones, que recae –como todo ajuste– sobre los docentes: quienes consideran que son candidatos a promocionar deben ‘poner a disposición’ (es decir, renunciar a) su cargo actual. De esta forma, ese cargo se destruye y se crea un nuevo cargo de superior jerarquía. El nuevo cargo queda sujeto a la reglamentación de los ingresos, de modo que se llama a concurso público y abierto. Si el docente que sacrificó su puesto de trabajo (en pos de la creación del nuevo cargo) gana el concurso, es promocionado. Si no lo gana, ha realizado algo similar a un sacrificio humano estilo siglo XXI…  Ese riesgo, sin embargo, no es igual para todos los docentes, siendo mínimo o nulo para quienes se encuentran alineados con las autoridades de turno. Esta es justamente la retribución que reciben aquellos docentes que, para ascender, ‘ponen a disposición’ su cargo, evitando a las autoridades la incómoda tarea de exigir un mayor presupuesto a nivel nacional, y permitiéndoles exhibir como gran logro la administración de la escasez y la subordinación de su plantel docente. A pesar de lo injusta que resulta esta práctica, quienes están a favor de la ‘puesta a disposición’ de los cargos han elaborado un argumento para su defensa: sostienen que el docente también está en riesgo de perder su cargo cuando rinde periódicamente el concurso para su cargo.

Este argumento no es válido: cuando el docente rinde periódicamente el concurso de su cargo, no está expuesto al mismo riesgo que supone la ‘puesta a disposición’ para la creación de un nuevo cargo, por el que competirá en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes. El argumento resulta incluso totalmente inválido para quienes ya han obtenido la reválida de sus cargos; en este caso la puesta a disposición representa la cesión, por motivos puramente presupuestarios, de un derecho adquirido.

De todas maneras, esta es una diferencia de grado en el nivel general de precariedad que caracteriza a la carrera docente.

Tanto el particular ‘régimen de promoción’ que se aplica de facto como el mecanismo de concursos permanentes de quienes ya ocupan un cargo, impiden la planificación de la vida personal y académica de los docentes, generando una situación de inestabilidad laboral permanente en pos de un objetivo para el cual tampoco han probado ser eficaces: el de garantizar que sea el docente ‘más calificado’ quien ocupe el cargo, a través de la competencia periódica entre pares.
Finalmente, si bien la falta de presupuesto y de reglamentación han dado lugar a este mecanismo de autofinanciamiento de las promociones, la conveniencia de su utilización con fines políticos bloquea tanto la exigencia por un mayor presupuesto como la reglamentación de un sistema de promociones, que establezca democráticamente criterios estables, públicos y transparentes y permita la realización de procesos de selección de candidatos de acuerdo a esos criterios y en el ámbito institucional correspondiente.

Reclamamos esta reglamentación hacia la conquista de un régimen de carrera docente con estabilidad laboral que regule el ingreso, la permanencia y la promoción de los docentes en el marco de un Convenio Colectivo de Trabajo único y de aplicación obligatoria para todos los docentes de las UUNN.

La izquierda ganó en la Conadu Histórica


Juan Cappa

Entre el 18 y 20 de setiembre se desarrolló la elección de congresales para la conformación de la Mesa Ejecutiva Nacional de ConaduH. La lista más votada (52%) fue Unidad Docente, un frente de la Naranja (PO e independientes) con Alternativa Gremial (PCR e independientes). En segundo lugar y con 38% de los votos se ubicó la lista 3 de la actual dirección. Votaron en total más de 5.000 docentes en 22 universidades en todo el país.
Pese a este resultado y debido al sistema de delegados congresales por asociación (una especie de colegio electoral), la lista que salió en segundo lugar ocupará la secretaría general y la adjunta y la mayoría de las secretarías (6 sobre 11). La lista más votada, por su parte, ocupará cuatro secretarías. Vuelve a quedar expuesta la importancia de implementar una reforma de los estatutos de la ConaduH en un sentido que garantice el respeto al voto de los afiliados.

Merece destacarse que este triunfo de la izquierda en las urnas debió superar (y superó) las maniobras fraudulentas de la junta electoral (mayoría oficialista) y de la dirección actual de Conaduh.

Criticamos a la dirección actual de la Conaduh el haber quitado a esta su carácter de reagrupamiento independiente y combativo, claramente diferenciada de los gremios docentes oficialistas como la otra Conadu, Ctera, UDA y Fedun. Nuestro planteo de Congreso de Bases, con mandato de asambleas, para unificar a todas las asociaciones que están luchando por nuestras reivindicaciones (las que pertenecen a ConaduH junto con las enroladas en las demás federaciones) encarna una verdadera necesidad. En lugar de propender a esta unificación, la conducción actual ha preferido crear sindicatos paralelos, aumentando con ello la fragmentación del movimiento docente.

El voto docente giró hacia nuestra lista en numerosas universidades y pudimos explotar las crisis internas de los otros bloques políticos (tanto de la lista de Claudia Baigorria como de la lista pegotista que apenas alcanzó un 7%). Esta realidad se aprecia en las victorias logradas en la Universidad de Quilmes (dirigida por el bloque pejotista) donde obtuvimos por primera vez todos los congresales y en Luján (dirigida por el bloque de centroizquierda). Tenemos que destacar, además, la apertura del trabajo de la Agrupación Naranja en Salta (donde obtuvimos un congresal), la consolidación en Tucumán, Bahía Blanca (11% y 23% en la mesa de la universidad, respectivamente) y Misiones. En la UBA superamos el 82%. Incluso en lugares donde nuestra lista no logró desarrollar la campaña, hicimos una buena elección.

Indudablemente, en la votación a la izquierda de miles de docentes universitarios de casi todas las provincias, está presente el rechazo al ajuste en la universidad, o a las cesantías de la UBA. Refleja también la insatisfacción de las bases a la política de parálisis y adaptación de la Conaduh. Nuestra lista fue también claramente crítica de los subsidios mineros en la educación pública universitaria. La Naranja ha retenido dos miembros en la nueva dirección, ocupando la Secretaría de Derechos Humanos y la de Política Internacional. Desde ellas, y también como miembros plenos de la mesa de conducción, impulsaremos una política gremial independiente de cualquier variante patronal y profundizaremos el fortalecimiento de nuestro trabajo en todas las universidades.

Editorial


Los docentes universitarios se encuentran entre los sectores más precarizados de la economía nacional: según datos oficiales, más del 75% de la planta docente de las UUNN es interina, contratada, monotributista o incluida en cualquier otra de las modalidades de precarización laboral que se utilizan en el país. Como mínimo 500 docentes de la UNS trabajan bajo modalidades precarias de contratación (datos de 2010).
Tenés en tus manos el segundo número del Boletín de la Agrupación Naranja de docentes universitarios. El Boletín sirve para hacer públicos los problemas que afectan a los docentes en sus tareas de enseñanza e investigación. Persigue, además, el objetivo de invitarte a que participes de las actividades de Aduns en el marco de la Agrupación Nacional Naranja:

ü                        Para desarrollar una organización sindical sólidamente enraizada en todos los lugares de trabajo de la UNS, en cada gabinete, en cada laboratorio,
ü                        Para luchar contra la inestabilidad de nuestros cargos, contra la asfixia presupuestaria que mantiene congelada nuestra carrera académica, por el cumplimiento escrupuloso de las condiciones de seguridad en los laboratorios
ü                        Para democratizar la universidad. Actualmente sólo una ínfima minoría de los docentes tiene derecho a elegir y ser elegido en los órganos de gestión y los docentes preuniversitarios carecen de derechos políticos,
ü                        Por un sindicato sin compromisos con el gobierno ni con la gestión de la universidad
Hemos lanzado una encuesta (ver enlace) sobre condiciones de trabajo docente en la UNS que te invitamos a completar.
Sumate a la Naranja para construir un cuerpo de delegados que permita actuar frente a cada uno de los problemas (generales y específicos) que se plantean en cada lugar de trabajo. Que ADUNS instale un local en Alem y demás lugares de trabajo! Acercanos tus notas e inquietudes para ampliar y difundir este boletín.

Naranjazo en Luján: 39% en las elecciones de Adunlu



En las elecciones docentes en la Universidad de Luján, la Lista 2 Naranja-Unidad Docente obtuvo el 39% de los votos. Una elección excepcional, cuando hace sólo tres meses no existía un agrupamiento opositor. Votó el 58% del padrón, algo inédito en elecciones sindicales. Esto valoriza aún más los 108 votos obtenidos y las tres secretarias conquistadas -entre ellas la adjunta-, sobre siete que cuenta la Comisión Directiva. Asimismo, conquistamos congresales a Conaduh -un titular y un suplente- y revisores de cuentas (ídem). Por primera vez desde que se fundó la primera representación gremial de los docentes de Luján, hubo dos listas en Adunlu (asociación de base de la Conaduh).
Hasta ayer, Adunlu era una cáscara vacía como sindicato y un pilar del régimen universitario, como producto de la política de la actual comisión directiva, hegemonizada por el Frente Gremial -antiguos militantes del PC. El triunfazo de nuestra lista en las elecciones de Conaduh de setiembre -donde conquistamos los tres mandatos en juego- rompió el status quo y mostró que había una salida a la parálisis y al vaciamiento sindical.
Enfrentamos la parálisis del sindicato y su adaptación al ajuste impulsado por el gobierno y por los rectores. En Luján avanza la precarización laboral, el estatuto universitario consagra el trabajo gratuito -bajo el nombre de observadores- y la carrera docente es papel mojado, que no se aplica frente al ajuste presupuestario. La generación de ingresos “propios” frente a la asfixia presupuestaria se materializa en cientos de convenios, marcando el camino de la mercantilización de la educación superior. En el paro general del martes 20, el gremio no tomó posición cuando la Conaduh -a la que pertenece Adunlu- y la CTA eran convocantes. Es más: la dirección, usurpando el mail del sindicato manifestó “a título personal” que se oponía al paro y dejaba en libertad de acción a los docentes: o sea, desmovilizándolos. La reacción de muchos compañeros fue inmediata, solicitando el llamado a la asamblea general, que no fue convocada -como tampoco el cuerpo de delegados- en todo el año, ni por el paro general ni por los planes de lucha resueltos por la Conaduh. La campaña fue el resultado de un trabajo conjunto de la lista Naranja y de activistas independientes. Así se ha constituido la lista 2 Naranja-Unidad Docente.
Una vez más -después de AGD, Conaduh, Tucumán, Misiones-, los docentes universitarios somos parte del movimiento obrero que lucha por una nueva dirección y nosotros somos parte activa y consciente de ese proceso. Vamos a la directiva con un mandato: luchar por una Adunlu independiente del gobierno y de las autoridades universitarias; una dirección que promueva la deliberación y la soberanía de la asamblea general y el cuerpo de delegados. ¡Vamos la Naranja!

Gladys Perri